México enfrenta a minera de fosfato en el mar

BAJA CALIFORNIA SUR — Una disputa internacional por el fondo del mar enfrenta a México y a la compañía estadounidense Odyssey Marine Exploration, que busca explotar un yacimiento de fosfato submarino frente a las costas de Baja California Sur. El conflicto, que lleva más de una década, alcanzó una nueva dimensión luego de que un tribunal del Banco Mundial condenara a México a pagar más de 37 millones de dólares por haber negado permisos ambientales a la empresa.

El proyecto, conocido como Don Diego, pretendía dragar arenas ricas en fosfato a entre 20 y 45 kilómetros de la costa de la península sudcaliforniana, en una zona clave para la biodiversidad marina y para la economía de comunidades pesqueras como Las Barrancas y Puerto Chale.

Pero lo que parecía una exploración más se convirtió en una batalla jurídica, ambiental y política. Desde 2012, cuando el barco de investigación Dorado Discovery fue detectado en el Golfo de Ulloa, pescadores y científicos comenzaron a sospechar que detrás del proyecto de “prospección” había intereses extractivos de gran escala.

Un conflicto de fondo (marino)

Odyssey Marine Exploration, una empresa con sede en Florida conocida por buscar tesoros de naufragios, obtuvo concesiones en 2012 y 2014 a través de su filial Exploraciones Oceánicas, sumando más de 5,700 kilómetros cuadrados. El depósito de fosfato, según la empresa, es uno de los más grandes del mundo, capaz de abastecer por un siglo la demanda de fertilizantes de América del Norte.

El método de extracción consistiría en succionar las arenas del fondo marino, separar el fosfato a bordo de una embarcación y devolver el resto de los sedimentos al mar. La empresa asegura que la tecnología ya se usa en otros lugares, pero expertos advierten que no hay precedentes de su uso a esta escala ni en ecosistemas tan sensibles.

“La remoción de sedimentos puede liberar metales pesados como uranio y arsénico”, explica Janette Murillo, investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar-IPN). “Eso pone en riesgo a organismos marinos y al equilibrio ecológico de la zona.”

Pescadores locales, como Tomás Camacho, han reportado desde entonces una mayor mortandad de tortugas, delfines y otras especies. “Esto nos va a fregar la pesca, que es la columna vertebral de nuestras comunidades”, advierte.

México le dice no… pero el caso llega a arbitraje

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso ambiental en 2014 y nuevamente en 2016, aludiendo a los riesgos para un área reconocida internacionalmente por su riqueza biológica, hogar de especies como la tortuga caguama, la ballena gris y el lobo marino.

Sin embargo, Odyssey recurrió a un mecanismo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y demandó al Estado mexicano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando trato injusto.

El 17 de septiembre de 2024, el tribunal falló a favor de la empresa. El argumento: que la Semarnat actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al rechazar el proyecto, basándose más en posturas personales del entonces secretario Rafael Pacchiano que en evidencia científica.

México fue condenado a pagar 37 millones de dólares. Odyssey había exigido más de 3,000 millones.

En respuesta, el gobierno mexicano calificó el fallo como “injusto y preocupante”, y presentó una apelación. Sin embargo, especialistas en derecho internacional consideran improbable que el laudo sea revertido.

¿Justicia ambiental ignorada?

Uno de los integrantes del tribunal, el jurista franco-británico Philippe Sands, expresó una crítica contundente en su voto disidente. Acusó al panel arbitral de ignorar evidencia científica sobre el impacto ambiental del proyecto y minimizar el derecho soberano de México a proteger sus recursos naturales.

“Este laudo es innovador en el peor de los sentidos”, escribió Sands. “En un momento en que los Estados comienzan a tomar en serio la protección de los ecosistemas marinos, se desechan preocupaciones legítimas en nombre del inversionista.”

Carlos del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental y asesor del gobierno en el arbitraje, coincide: “El fallo se enfocó en un presunto abuso administrativo, pero dejó de lado el fondo: que el proyecto violaba principios básicos de precaución ambiental.”

Prohibición, reformas y nuevos intentos

En 2023, tras años de presión de colectivos ciudadanos y organizaciones ambientalistas como Cambiémosla Ya y AIDA, el Congreso mexicano reformó la Ley Minera para prohibir explícitamente la minería submarina en todo el país. La nueva legislación impide estas actividades en el lecho marino, en zonas de reserva y en aguas nacionales.

Sin embargo, estas reformas fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia, que ya concedió un amparo a un particular. La posibilidad de que se declaren inconstitucionales mantiene en vilo a las comunidades costeras y a los defensores del medio ambiente.

“Si tumban la nueva ley, volveríamos al modelo extractivista de los años noventa”, advierte Jorge del Ángel, biólogo marino y vicepresidente del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.

Odyssey no se rinde

A pesar del rechazo oficial, Odyssey insiste en revivir el proyecto. En abril de 2025, su director ejecutivo, Mark Gordon, propuso crear una asociación público-privada con el gobierno mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex), con la empresa manteniendo una participación del 35 %.

La empresa también anunció una alianza con Capital Latinoamericana, una firma presidida por Juan Cortina Gallardo, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario. Según Gordon, el proyecto está “listo para entrar en producción en 12 o 18 meses”.

Para los opositores, esto representa una nueva amenaza. “Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala, hasta que los inversionistas se cansen”, dice Tomás Camacho.

Un precedente global

El caso de Don Diego no es aislado. La minería submarina es una industria emergente y aún no regulada en muchas partes del mundo. La ONU debate una moratoria global, mientras países como Francia, Chile y México piden frenar la extracción hasta contar con más evidencia científica y normativas claras.

Durante la Tercera Conferencia sobre los Océanos celebrada en junio de 2025, el presidente francés Emmanuel Macron calificó la minería de fondos marinos como “una locura” y el secretario general António Guterres advirtió que “las profundidades del mar no pueden convertirse en el Salvaje Oeste”.

“Este no es solo un caso legal ni económico”, concluye Diego Lillo, abogado de AIDA. “Es un parteaguas para el futuro del océano. Y México, al defender su mar, también defiende el de todos.”