Lujo, silencio y omisiones: el caso Morrison y el vacío ético del poder en República Dominicana

Análisis editorial sobre uno de los escándalos patrimoniales más delicados del momento.

Cuando el discurso público se construye sobre la promesa de transparencia, cualquier grieta se convierte en sospecha. En el caso del ingeniero Milton Morrison, actual director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), esa grieta se abrió en forma de una casa en Weston, Florida: elegante, amplia, de valor millonario y, sobre todo, ausente de su declaración jurada.

La denuncia original, publicada por The Miami Independent y firmada por la periodista Josefina Villegas, sostiene que Morrison y su esposa adquirieron la propiedad en 2021 por US $837,500, justo en el período en que él fungía como administrador general de EDESUR. Hoy, la casa supera el millón y medio de dólares en valor de mercado.

Lo que pudo haber sido una simple decisión de inversión inmobiliaria se transformó en escándalo cuando la propiedad no apareció registrada en su declaración jurada de patrimonio, como exige la Ley 311-14. El medio dominicano elPais.do, en un ejercicio de verificación independiente, lo corroboró:

“En la última declaración publicada del funcionario en la Cámara de Cuentas, no figura dicha propiedad,” reveló la redacción del periódico.

Más que una casa: ¿síntoma de algo mayor?

El silencio institucional ha sido el sonido más fuerte en el caso de Morrison. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), bajo la conducción de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, no ha emitido comentarios públicos, a pesar de que los indicios apuntan a posibles violaciones penales y administrativas.

Porque, más allá de la omisión documental, lo que está en juego es la legitimidad del sistema de control patrimonial dominicano. La Ley 311-14 establece que declarar falsamente los bienes puede conllevar hasta dos años de prisión y multas significativas. Pero si se prueba que los fondos provienen de fuentes no justificadas, el escenario cambia radicalmente: de una falta ética pasamos a un delito penal de enriquecimiento ilícito, con penas de hasta diez años y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

¿Cómo justificar una villa en Florida con salario de servidor público?

La pregunta no es nueva, pero sigue sin respuesta: ¿es compatible una inversión millonaria en el extranjero con los ingresos de un servidor público? La respuesta, aunque evidente, necesita ser dicha en voz alta: no. Si Morrison puede demostrar la licitud de sus ingresos, el caso se disolverá. Si no, se abre la puerta a una de las tipificaciones más severas del Código Penal dominicano: lavado de activos.

La Ley 155-17, que penaliza el lavado, contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes oculten bienes obtenidos mediante corrupción administrativa. Además, autoriza el decomiso de esos activos y el congelamiento de cuentas relacionadas.

Una pieza más en el rompecabezas: el contrato con Midas Dominicana

Pero hay más. Parte del dossier entregado a medios nacionales incluye detalles sobre un contrato otorgado sin licitación pública entre EDESUR y la empresa Midas Dominicana, para la gestión del sistema de energía pre-pago. La adjudicación directa, según consta, fue aprobada por un miembro del Comité de Compras del INTRANT que antes trabajaba en EDESUR, lo que sugiere un conflicto de intereses.

Esto podría violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que impone penas de prisión de hasta dos años para quienes participen en procesos amañados o sin concurso público, además de inhabilitación y multas económicas.

El costo político del silencio

Hasta el momento, Morrison no ha respondido públicamente a las denuncias. Tampoco lo han hecho EDESUR, la Cámara de Cuentas ni la DIGEIG. Este silencio, más que protegerlo, erosiona la credibilidad del gobierno en materia de transparencia y revive una vieja crítica nacional: el poder político en República Dominicana rara vez rinde cuentas.

Es por eso que el caso Morrison no debe verse como un asunto personal, sino como una prueba institucional. Si no hay consecuencias claras —judiciales o políticas—, el mensaje al país será contundente: la ley no es igual para todos.

Cuando la ética queda fuera de declaración

El caso Morrison no es solo una historia de papeles, escrituras y valores inmobiliarios. Es un símbolo de la desconexión entre el discurso público y la realidad operativa de algunos funcionarios. Una propiedad no declarada, contratos irregulares y fondos sin justificar no son simples errores de papeleo. Son síntomas de una cultura de impunidad que persiste en los márgenes del poder.

Este escándalo plantea una disyuntiva para las instituciones dominicanas: actuar, o resignarse a ser observadoras pasivas del deterioro ético del sistema.

Informe Latino continuará observando los próximos pasos de este proceso, esperando que los organismos competentes ejerzan su rol con firmeza, objetividad y sin favoritismos.