Dudas y falta de transparencia en el acuerdo con EE.UU. y Costa Rica

Costa Rica se prepara para recibir a migrantes deportados de Estados Unidos en un acuerdo del que poco se sabe. Se espera la llegada de al menos 200 personas de origen asiático, quienes serían repatriadas desde territorio costarricense. Sin embargo, los detalles sobre el proceso, las condiciones en las que estarán los migrantes y el alcance del control estadounidense en suelo centroamericano siguen sin aclararse.

«Hay más preguntas que respuestas», señala Edgardo Sandoval Ramsey, representante regional para Centroamérica de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). Entre las dudas clave está si estas personas tendrán libertad de movimiento o si estarán sujetas a alguna forma de detención. Tampoco se ha explicado con claridad si su alojamiento estará gestionado por el gobierno costarricense o por Estados Unidos.

Desde San José, el gobierno ha asegurado que el proceso será financiado en su totalidad por Washington, pero analistas como el politólogo Gustavo Araya advierten que no está claro si Costa Rica deberá asumir costos indirectos, como transporte, seguridad y atención médica de los migrantes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) supervisará el proceso, asegurando que se respeten los derechos de los deportados y que se les ofrezcan opciones de retorno seguro. No obstante, persisten preocupaciones sobre la posible vulneración de derechos humanos, especialmente si los migrantes son trasladados bajo restricciones de movilidad.

Uno de los puntos más cuestionados es la lógica detrás del acuerdo. «Estados Unidos se está deshaciendo de un problema y trasladándolo a sus aliados», señala Araya, quien critica la aparente falta de negociación por parte de Costa Rica. En su opinión, este acuerdo refleja la influencia de Washington en la política exterior costarricense, que ha aceptado la iniciativa sin imponer condiciones.

Desde una perspectiva política, Sandoval Ramsey considera que el gobierno de Estados Unidos busca reforzar el discurso de Donald Trump sobre el endurecimiento de las políticas migratorias. Además, sugiere que esta medida también evalúa la disposición de los países centroamericanos a cooperar en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, áreas en las que Washington es un actor clave.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Organizaciones de derechos humanos y analistas piden mayor transparencia sobre el acuerdo y sus implicaciones, en un contexto donde las decisiones migratorias de Estados Unidos siguen teniendo impacto más allá de sus fronteras.